Por José Calero.
La Argentina ingresa en un nuevo ciclo de endeudamiento con el FMI, que hasta ahora nunca tuvo final feliz, lo cual plantea un desafío inmenso para el gobierno en medio del peor momento económico desde que Cambiemos llegó al poder.
El principal riesgo de esta jugada es que los U$S 50.000 millones se terminen licuando en gasto corriente o evaporados por la fuga de capitales, y no en inversión en infraestructura y readecuación de políticas públicas para cerrar el cíclico proceso de endeudamiento argentino.
La tentación será grande y, como en cualquier adicción, la Argentina deberá mantener una férrea disciplina para no recaer.
La historia de la relación argentina con el FMI siempre terminó mal, con el país pidiendo cada vez más fondos hasta que el organismo terminaba recortando las líneas de crédito y se entraba en crisis.
A fines del 2005, Néstor Kirchner ordenó la histórica decisión de pagar en efectivo toda la deuda con el organismo, pero lo que en principio pareció una medida casi fundacional, se terminó convirtiendo con el tiempo en una jugarreta más de un gobierno argentino para tratar de ganar haciendo trampa.
Al no tener la supervisión del Fondo, el kirchnerismo buscó ocultar la inflación y la pobreza, e instauró un sistema cambiario más parecido a un paupérrimo país africano que a una economía con todo el potencial de la Argentina.
El mercado paralelo, tras la implementación del cepo cambiario, tornó a la Argentina en una de las naciones más imprevisibles del mundo en materia financiera y provocó severos trastorno a la sociedad y la actividad económica.
El Gobierno de Mauricio Macri levantó de inmediato ese cepo y buscó normalizar las variables económicas, pero con el tiempo cometió errores y subestimó los problemas profundos de la Argentina, hasta terminar teniendo que reiniciar el endeudamiento con el organismo, tras la suba de tasas en los Estados Unidos.
La Argentina es una de las naciones occidentales cuya población más cuestiona al FMI, al que siempre se vio como un agente internacional al servicio de intereses foráneos.
Tal vez por eso, es la primera vez que el Fondo brinda un enorme préstamo y acepta que, llegado el caso, el Gobierno excluya a la política social de los ajustes.
Incluso, alienta al gobierno a ayudar a los sectores más vulnerables, un lenguaje ausente en el organismo hasta hace poco tiempo.
Esa señal indica que, esta vez sí, el FMI juega a que la Argentina sea un caso de éxito entre la comunidad financiera internacional, tras el muy mal paso dado en naciones como Grecia.
Estados Unidos, Alemania y otras naciones que pisan fuerte en el organismo han apostado todo para impedir que la Argentina caiga en una nueva crisis.
Parecen temer que una experiencia fallida de Macri termine reabriendo las puertas al populismo por mucho tiempo, como en Venezuela.
Pero el costo del respaldo financiero del organismo tendrá un alto costo social, y demandará un fuerte ajuste.
La Argentina se compromete a disminuir con fuerza el déficit fiscal este año y equilibrar las cuentas a fines del 2019, lo cual demandará un fuerte recorte del gasto, en especial el destinado a la obra pública.
Por eso los economistas del Fondo Alejandro Werner y Roberto Cardarelli dijeron que hará falta un “fuerte compromiso político y de la sociedad argentina” para que esta nueva aventura tenga éxito.
No solo la Nación deberá aplicar una política racional para contener el gasto público, sino que deberá ser acompañada por las provincias y los municipios.
La clase política argentina se acostumbró a gastar más de lo que tiene y echar mano del dinero público sin rendir cuentas.
Los niveles de corrupción siguen siendo altos y los organismos de control son débiles a la hora de detectar irregularidades.
Ni que hablar de la Justicia, que muy pocas veces pudo cerrar un circuito de la corrupción de los funcionarios públicos.
Reducir el déficit fiscal, bajar la inflación y brindar apoyo a quienes viven en situación de pobreza son los tres pilares en que se basa el programa económico acordado entre la Argentina y el organismo.
En esas proyecciones, el rojo primario debería bajar del 2,7% del PBI este año a un superávit de 0,5% en 2021.
Demandará un enorme proceso de recorte del gasto, y se deberá tener en cuenta que en el medio, en diciembre de 2019 asumirá otro gobierno.
Tal vez por eso, Cardarelli señaló que el organismo es consciente del contexto social en el que se llevará adelante este ajuste fiscal en la Argentina, uno de los más difíciles de su historia.